La inclusión social es hoy uno de los desafíos fundamentales de la educación superior especialmente en América Latina y el Caribe (ALC).

El tema de la inclusión fue planteado de manera enfática en la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008) realizada en Cartagena de Indias, Colombia en junio de 2008 y, en los principales lineamientos de su Plan de Acción.

En efecto, en las última década el sistema de educación superior en todos los países de ALC ha presentado gran expansión y crecimiento, evidenciado en el número de personas que acceden a la educación superior el cual supera el crecimiento de la población de la región. En este período la matricula en la educación superior alcanzó cerca de 17 millones de estudiantes en los programas de pregrado y postgrado, con un crecimiento de 90% en relación al año 1997. A pesar de ésta expansión en los sistemas de educación superior de la región, la cobertura alcanza sólo un 24,6% lo cual representa un promedio inferior al de los países desarrollados, estimado en un 54%. La oferta del sector público sigue siendo mayoritaria alcanzando un 56%, sin embargo el crecimiento del sector privado continua incrementándose a un mayor ritmo.

Por otro lado, esta expansión no ha sido equitativa, sino que se caracteriza por una distribución desigual de las oportunidades de acceso y participación entre los distintos grupos ó sectores sociales. Estudios recientes demuestran que la tendencia en el acceso, aprovechamiento y terminación de estudios en la educación superior refleja que este nivel educativo es el más desigual entre los sistemas públicos.

Durante las últimas décadas, además de los criterios de género y discapacidad, se ha reconocido el derecho de participación de otros grupos sociales basados en criterios económicos, de religión, etnia, raza, idioma y cultura. Planteamiento que se ha venido incorporando muy tímidamente en los últimos años en algunas instituciones de la región y que amerita mayores esfuerzos y políticas más agresivas de inclusión de los grupos sociales excluidos por razones distintas al talento.

Ese desafío apunta a la configuración de una Agenda Regional de acciones en aras de hacer sistemas educativos inclusivos adecuados y funcionales. Para ello, el compromiso de nuestros países pasa por entender y valorar la diferencia y la diversidad, así como el respeto a la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos como principios inalienable de la educación superior.

Programas de discriminación positiva, diversificación de los modelos organizacionales de las instituciones de educación superior y de los planes de estudios para adecuarlos a las demandas y necesidades de los estudiantes, además de programas de apoyo a la permanencia y desempeño de los y las estudiantes son algunas de las medidas que el Plan de Acción de la CRES 2008 propone a los gobiernos e instituciones para ampliar la inclusión y equidad en nuestros sistemas de educación superior.


Equipo Editorial
UNESCO-IESALC

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